En general, están excluidas de la mediación “previa y obligatoria” todas aquellas cuestiones en las que se encuentra involucrado el orden público o que resultan “indisponibles” para los particulares. Entre ellas se pueden mencionar los siguientes casos:

• Procesos penales. Solo el fiscal y el juez están facultados para derivar el caso penal a mediación en el procedimiento de querella.
• Divorcios, nulidades matrimoniales y adopciones.
• Declaraciones de incapacidad o capacidad restringida y sus respectivos ceses.
• Amparos y hábeas corpus.
• Juicios de usucapión en la etapa preparatoria.
• Medidas cautelares y autosatisfactivas.
• Juicios sucesorios.
• Concursos y quiebras.
• Causas vinculadas con hechos de violencia de género.
• Procesos laborales que continúan rigiéndose por vía de la conciliación.
• Causas relacionadas a la Ley de Defensa del Consumidor cuando el interesado acredite el cumplimiento de la etapa administrativa previa.
• Demandas contra el Estado provincial, los municipios o las comunas;
• Causas tramitadas en la Justicia de Paz Vecinal.
• Acciones colectivas o de clase.

Más allá de las excepciones mencionadas, pueden recurrirse voluntariamente a la mediación prejudicial en los juicios ejecutivos particulares y especiales, en la preparación de la vía ejecutiva, en los juicios ejecutivos fiscales, en los desalojos y en los habeas data, entre otros casos.

Los mediadores deberán aceptar, suscribir y cumplimentar las disposiciones del Reglamento Interno del Centro Judicial de Mediación y las establecidas por la Coordinación General y el Tribunal Superior de Justicia.